Apuntes sobre la adquisición de terrenos para obras ferroviarias (1906-1910)

22 08 2010

La actividad de construcción ferrioviaria en Puerto Rico, congelada a raíz de la invasión y posterior ocupación militar estadounidense de la Isla en 1898, se reanudó una vez advino al poder una administración civil (y claro está, tras constituirse la American Rail Road Co. of Porto Rico como cesionaria de la Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico). Durante la primera década del siglo XX, se procedió a completar los tramos faltantes de la ruta San Juan Ponce, así como algunas rutas secundarias. Esta reanudación de la actividad de construcción ferroviaria requirió, como es lógico, la adquisición de los terrenos por los cuales habrían de pasar las líneas férreas. Sin embargo, la adquisición de los terrenos no siempre se hizo de manera ordenada. En algunos casos las acciones de la cesionaria American Rail Road Co. of Porto Rico para agenciarse los mismos podrían considerarse como bastante agresivas.

A modo de ejemplo, consideraremos tres casos pertenecientes al período de tiempo entre los años 1906 y 1910, en los cuales la American Rail Road Co. of Porto Rico (en adelante A.R.R.) bien decidió embarcarse en la construcción de líneas férreas a través de terreno privado sin haber obtenido atuorización para ello ni haber tramitado la titularidad de las tierras, o bien procuró utilizar el mecanismo de la expropiación forzosa de manera contraria a derecho.

En primer lugar, encontramos el caso de Sosa v. American Railroad Company of Porto Rico, 10 D.P.R. 474 (1906). En éste la A.R.R. resulta demandada por el Sr. Gerardo Sosa y López, residente del término municipal de Aguadilla y propietario de una finca rústica en el barrio Caimital Bajo del mismo. El Sr. Sosa alegaba, y subsiguientemente probó, que la A.R.R. se encontraba involucrada en la construcción de una línea férrea entre los pueblos de Aguadilla e Isabela, y que la misma pasaba a través de una finca de su propiedad sin él haberlo autorizado. El proceso legal terminó con la condena civil de la A.R.R. por los actos indicados. A esos efectos, el tribunal sentenciador ordenó, y el Supremo posteriormente confirmó:

[Q]ue siendo dueño Gerardo Sosa y López, demandante, de la finca descrita en su demanda y habiendo sido desposeído ilegalmente de parte de esas tierras por la compañía demandada, tenga y recobre de dicha compañía la posesión de la parte de terreno que ésta tiene ocupado, y que además la expresada compañía reintegre al demandante de la cantidad de quinientos ($500) dollars por vía de indemnización, ordenándose además que, The American Railroad Company of Porto Rico, pague las costas todas de este pleito, y que se expida orden de ejecución contra los bienes de los demandados para la satisfacción de esta sentencia.”, Sosa v. American Railroad Company of Porto Rico, 10 D.P.R. 474, 477.

Los próximos dos casos están relacionados entre sí. Ambos tratan sobre la obtención de ciertos terrenos para la construcción del ramal del “Tren Batata” entre San Germán y Sabana Grande. Ambos casos son decididos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en apelación por parte de los expropiados.

En The American Railroad Company of Porto Rico v. Ortiz, 15 D.P.R. 446 (1909) la A.R.R. intenta obtener la titularidad de la Hacienda El Recreo, propiedad del Sr. Juan Ortiz Perichi y localizada en el municipio de San Germán, mediante el mecanismo de expropiación forzosa. Similarmente, en The American Railroad Co. of Porto Rico v. Quiñones, 16 D.P.R. 150 (1910), la A.R.R. buscaba expropiar una finca propiedad de Vicente Quiñones en el barrio Minillas de San Germán.

Las alegaciones de la A.R.R. en ambas demandas son casi idénticas. En ambos casos la Compañía fundamenta su petición en que “en 5 de marzo de 1908 el Consejo Ejecutivo dió una ordenanza, aprobada por el Gobernador de Puerto Rico el día 10 del propio mes, y por el Presidente de los Estados Unidos el 19 también de marzo, autorizando a la sociedad demandante para construir y explotar un ramal de dicha línea férrea extendiéndose desde un punto de la línea principal, entre las estaciones de San Germán y Hormigueros, con rumbo hacia el este, a un punto en o cerca de la orilla o banco oeste del río Estero, al este del pueblo de Sabana Grande, por una distancia de 14 kilómetros” y que en función de dicha ordenanza y para el cumplimiento de la misma, necesitaba los terrenos de los demandados para construir la línea férrea del ramal Sabana Grande. En ambos casos, se le dio paso a las expropiaciones por parte de la Corte de Distrito, pero éstas fueron revocadas posteriormente por el Tribunal Supremo.

El fundamento legal para la revocación fue que las demandas de expropiación no cumplían con los requisitos para éstas fijados por la ley de 12 de marzo de 1908, que enmendaba la Ley de Expropiación Forzosa de 1903, puesto que las demandas no incluían copia de la declaración de utilidad pública de la obra hecha por el Consejo Ejecutivo, y tampoco estaban delimitados por el Consejo Ejecutivo los terrenos que habían de expropiarse. Era a éste órgano del Estado y no a la A.R.R. a quien competía determinar qué terrenos habrían de afectarse por las obras. The American Railroad Co. of Porto Rico v. Quiñones, 16 D.P.R. 150, 156 (1910).

Finalmente, cabe destacar que sólo tenemos noticias de estos tres casos por haber éstos llegado a la consideración del Tribunal Supremo, dado que los afectados no se avinieron a las actuaciones de la Compañía demandada o apelada. No nos consta, pero no debemos descartar la posibilidad, de que ésta haya incurrido en actos similares en otras ocasiones.

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